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Como adelantábamos ayer, baja la tensión entre España y China. Ayer conocimos un nuevo paso en el trabajo de mejorar las relaciones entre los países conociendo que la fiscalía pidió a la Audiencia Nacional la anulación de la orden internacional de detención contra cinco exlíderes comunistas chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin, por la represión en el Tíbet.

Poco después el Tribunal rechazo la propuesta por la fiscalía, la sala de lo penal, presidida por Ángel Murillo, notificó hoy su resolución en la que rechaza la petición de nulidad presentada por el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Martínez Torrijo.

El fiscal argumentaba que para dictar las órdenes de arresto, que causaron un «fuerte malestar» en el Gobierno chino, tenía que existir en el procedimiento un auto de prisión motivado, pero el tribunal dice ahora que ese trámite corresponde al juez instructor, Ismael Moreno, quien debía haber dictado el auto y luego ordenar las detenciones.

Así, el tribunal ordenó a Moreno el pasado 18 de noviembre que dictara los arrestos al apreciar, en contra del criterio de este magistrado, que había indicios de delito contra los exdirigentes por su participación en lo que las víctimas califican de un ataque «generalizado y sistemático contra la población tibetana» entre finales de la década de los años 80 y principios de los 90.

Sin embargo, el juez aún no ha procedido a dictar la orden de detención, que según la sección cuarta lleva siempre aparejada la previa adopción, también por parte de este juez, de la prisión provisional por medio de un auto.

Aparte de Jiang, presidente de China entre 1993 y 2003, la sala ordenó la detención de Li Peng, quien era primer ministro a finales de los años 80 y principios de los 90; Qiao Shi, exjefe de la seguridad y responsable de la policía armada; Chen Kuiyuan, secretario del Partido Comunista de China en Tíbet entre 1992 y 2001, y Peng Peiyun, ministra de Planificación Familiar en los años 80.

Lo hizo atendiendo un recurso de los querellantes -dos organizaciones y un lama de nacionalidad española- contra la decisión del juez de rechazar su detención, al entender que sí había indicios de que participaran en este supuesto genocidio del pueblo tibetano «habida cuenta de la responsabilidad política o militar de cada uno de ellos»

El Congreso debatirá el próximo martes, como adelantamos aquí, una proposición de ley para restringir las condiciones en las que un juez español pueda investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional, que afectaría a este caso puesto que el querellante no tenía la nacionalidad española cuando se produjeron los hechos.

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